En los últimos años el, país viene siendo testigo de graves amenazas contra el Estado de Derecho, provenientes de las mismas Instituciones encargadas de defenderlo. Basta recordar la sentencia C-258 de 2013, de la Corte Constitucional, claramente violatoria del artículo 48 de la Constitución. No fue aquella una sentencia producida en derecho. Se falló conforme a los intereses del gobierno, no conforme a los dictados de la Constitución. Incluso hubo diferencias de fondo entre providencias de la Corte y providencias del Consejo de Estado, en medio de intervenciones indebidas del gobierno de entonces.
Esas preocupaciones surgen, de inmediato, siempre que se presentan diferencias entre las altas cortes, como en una especie de choque de trenes de consecuencias impredecibles. Es lo acaba de suceder entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia a propósito de la aplicación de una garantía procesal recientemente creada a un fallo condenatorio del pasado. Caso Arias, así cualquier ciudadano de bien querrá creer que resulta conforme a derecho la orden de la Constitucional para que se revise una sentencia de la Suprema. Pero no es así, desconocer la cosa juzgada ha dejado en el pasado funestos resultados para la guarda de la confianza en la administración de justicia y para la salvaguardia misma de la vigencia del Estado de Derecho.
Como otra muestra del desbarajuste institucional, en los pasillos del Congreso se habla del proyecto de ley que, a instancias del gobierno nacional, presentaría un grupo de parlamentarios. Según el proyecto, se ampliaría por tres meses más el gravamen solidario injustamente impuesto a los pensionados desconociendo la prohibición constitucional de usar los poderes extraordinarios de una emergencia para desmejorar las condiciones de los trabajadores ni de los pensionados. Vaya sorpresa.
Con el impuesto de solidaridad se puede llegar a repetir la historia del famoso cuatro por mil, cuya vigencia sigue siendo hoy una afrenta para el sector laboral y para la clase media, compuesta por millones de colombianos, los más débiles económicamente, que no están en condiciones de enfrentar las gravísimas afectaciones de la presente crisis. Faltan controles sobre el ejecutivo. Sin control no funciona la democracia.
