Consulta popular por decreto y Constituyente: debate entre Eduardo Montealegre y Mauricio Gaona

En el debate jurídico del año, Eduardo Montealegre y Mauricio Gaona hablaron sobre el decreto de consulta popular firmado por el presidente Gustavo Petro y la intención de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente.

Este miércoles 18 de junio se llevó a cabo el debate jurídico del año en W Radio entre el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre y el abogado constitucionalista Mauricio Gaona.

ón de deber, callarla. como los desmanes, despotismos, letal, subversiva malignidad que la historia juzgará.

El debate ocurre en medio de la discusión jurídica y política en torno a la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de promover una consulta popular por decreto para avanzar con reformas clave para el país, entre ellas una posible Asamblea Constituyente.

Semanas atrás, en diálogo con La W, Gaona fue crítico con las interpretaciones jurídicas del Gobierno para llevar a cabo la consulta popular, calificándolas de “exabrupto”. Montealegre, entre tanto, defendió en La W que la excepción de inconstitucionalidad pueda ser aplicada por el presidente Petro sobre el concepto desfavorable del Senado, aunque no se trate de una norma o ley.

Así se vivió el debate jurídico

En primer lugar, los invitados empezaron hablando sobre el decreto de la consulta popular. Gaona destacó que el “exabrupto jurídico de proporciones históricas está en que no es posible decir que el presidente de Colombia ejerza un control difuso, (el cual) no se inventaron en Colombia”.

Especificando que “el exabrupto es decir que el presidente de Colombia tiene control constitucional difuso cuando en Estados Unidos, donde se lo inventaron, no es así”.

Frente a esto, Montealegre señaló que “la Constitución Política es una norma jurídica porque, generalmente, se entiende equivocadamente por muchos sectores que es simplemente un proyecto político, un deber ser, un programa o una bitácora a cumplir”.

Agregando que “jamás he dicho que los otros elementos colombianos, como la posibilidad de que el presidente pueda invocar excepción de inconstitucionalidad, sean un espejo de lo que dijo la Corte Suprema. Tengo claro que es un control de los jueces”.

Siendo así, fue claro al mencionar que el decreto de la consulta popular “está fundamentado en el hecho de que existió un acto jurídico por parte del Congreso. El decreto del presidente no está partiendo del punto de vista de que el acto del Congreso fue inexistente”.

Además, comentó que “el decreto no es exabrupto jurídico, sino que va en la misma orientación jurídica del Consejo de Estado”.

En respuesta a lo anterior, el académico Gaona indicó que el grueso de la argumentación jurídica del ministro “presenta siete fallas estructurales (…) la esencia de la separación de poderes públicos es prevenir e impedir el regreso a las formas despóticas de Gobierno como la tiranía y la dictadura”.

“El presidente no es una autoridad administrativa por encima del Congreso (…) esa reposición intelectual es una reforma constitucional, no una interpretación de la Constitución. El presidente tampoco es un juez constitucional”, agregó.

Asimismo, señaló que “no hay ninguna norma en la Constitución de Colombia que diga que el presidente es un juez constitucional. El control constitucional lo ejercen los jueces, así como la guarda e integridad de la Constitución”.

Asamblea Nacional Constituyente

Sobre este tema, el ministro Montealegre comentó que “el presidente ha planteado que, si la consulta popular que él convocó legítimamente por decreto no procede, el presidente tiene como plan b la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Yo comparto esa postura porque debemos entender que hay una clara diferencia entre el mecanismo de la consulta popular y el de una Asamblea Constituyente”.

De igual manera, aseguró que es un “defensor de la constitución del 91, pero en este momento existe un bloqueo, estamos ante una sociedad que no puede lograr grandes avances con el diseño constitucional que hay (…) uno de los mecanismos de desbloqueo es la consulta”.

A su vez, Gaona le recordó al ministro que “el bloqueo institucional en el mundo se llama oposición y la oposición es el precio que se paga por tener una democracia”.

“El problema es que la consulta popular es el efecto distractor, realmente el proyecto es la asamblea constitucional. No existe ningún chance en esa consulta popular, como ustedes la aprobaron, en violación de normas constitucionales, sin el consentimiento previo del Congreso. La ley es la ley y está claramente escrita”, puntualizó.

Reviva el debate jurídico a continuación:

¿Quiénes son los panelistas?

Eduardo Montealegre es el actual ministro de Justicia del Gobierno de Gustavo Petro. En el pasado, fue fiscal general de la Nación (2012 – 2016), magistrado de la Corte Constitucional (2001 – 2004) y viceprocurador general (1997 – 2001).

Además, es abogado de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con estudios avanzados en derecho penal y constitucional, incluyendo una especialización en Derecho Penal y Constitucional en la Universidad de Bonn y Erlangen de Alemania.

Montealegre, quien fue el artífice jurídico de la propuesta de consulta popular por decreto, ha defendido que existen mecanismos legales para que el presidente ejerza un control constitucional difuso. Esto haría válida la consulta sin necesidad de que pase por el Congreso.

Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz –asesinado durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985–, es jurista y académico en derecho constitucional, internacional y derechos humanos.

Es abogado de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derechos Humanos (Ph.D.) de McGill y Harvard, con posgrados en derecho internacional (UCLA) y constitucional de Sorbona. En el pasado, fue asesor del fiscal general, contralor delegado y secretario privado del presidente del Consejo de Estado.

Gaona considera que la tesis de Montealegre es un “exabrupto jurídico”, pues ha señalado que permitir el control difuso al presidente podría disolver la separación de poderes. Además, ha advertido que esta estrategia puede acabar con el equilibrio democrático como ha ocurrido en el pasado en países como Venezuela o Nicaragua.