Dos disposiciones recientes expedidas por el gobierno han suscitado una gran polémica publica, en
particular por haber sido adoptadas como parte de la reactivación económica, cuando los analistas
académicos señalaban otras prioridades. Los gremios empresariales respaldan las medidas
gubernamentales, aunque se lamentan por lo insuficientes, pero por su parte, las organizaciones
de trabajadores las rechazan por inapropiadas y contrarias al propósito inaplazable de recuperar a
los nuevos hogares caídos en la pobreza por efecto de la actual crisis.
Se trata de un crédito de más de un billón de pesos otorgado a una sola empresa en quiebra en
Estados Unidos y con su principal accionista bajo detención preventiva en el Brasil; y del decreto
1174 que propicia el trabajo por horas impulsando a la informalidad a los pocos trabajadores que
han sobrevivido a la ola de desempleo más alta de la historia colombiana.
La crisis sanitaria del COVID 19 nos está dejando un balance desastroso en lo social y en lo
económico. El número de muertos inesperados causa un dolor imponderable en las familias de los
fallecidos y, además, un probable deterioro de sus condiciones económicas por la perdida de un
aportante de ingresos al hogar.
La destrucción de empleos formales por la desaparición de numerosos emprendimientos
pequeños y medianos ha dejado otra gran cantidad de hogares sin posibilidades de mantener el
nivel de ingresos que traía antes de la crisis, así fuera precario o inestable.
El capitalismo llamado salvaje se refleja en un reinante mercado laboral deshumanizado. Ahora los
trabajadores, estarán dispuestos a aceptar menores salarios con tal de incorporarse a un trabajo
formal. Pero, si fracasa en su intento de conseguir un empleo, estará inclinado a incorporarse a la
informalidad como un último recurso para subsistir.
El incremento de la informalidad significará una menor cantidad de aportantes al sistema de
seguridad social, con lo cual se abrirá un nuevo vacío en las reservas necesarias para el pago de los
futuros pensionados de prima media, adicional al gran hueco creado, hace veinte años, con la
creación del sistema de pensiones individuales administrados por los fondos privados.
Lo indicado sería combatir la informalidad con nuevas políticas públicas como las siguientes:
- Frenar la llamada precarización del empleo, como llama la Organización Internacional del
Trabajo OIT, al uso de prácticas como la subcontratación de la mano de obra o
tercerización, el trabajo contratado a destajo y la vinculación de mano de obra por horas
como el propiciado por el decreto 1174 del mes de agosto pasado. - Otorgar a las de empresas de mediano tamaño una asistencia financiera estatal y un
efectivo respaldo tecnológico oficial, por ser ellas las verdaderas grandes generadoras de
empleo. Para ello destinar uno o varios billones de pesos (como, o en vez de, los de
Avianca). - Reconocer, proteger y regular actividades tales como las ventas callejeras, el trabajo
doméstico, los jornaleros agrícolas y los de la construcción, los artesanos y en general, los
trabajos por cuenta propia.
