Gloria Pachón de Galán.
“La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera.”
En este escrito solo me voy a referir a los desaciertos que la justicia colombiana está cometiendo con las personas mayores, término adoptado por la ONU para aquellos que hemos superado el umbral de los sesenta (60) años.
Específicamente, me referiré sobre los que tuvimos quizás la bendición de Dios de tener una pensión o la desgracia de tenerla, porque como ha expresado un Honorable Magistrado: “(…) en Colombia una persona se gasta 20 años para obtener una pensión y los restantes 20 años para defenderse para no perderla (…)”.
Más de uno lo negará y dirá que en Colombia existe seguridad jurídica, confianza legítima etc. Y sí, esos términos existen en doctrina, jurisprudencia y en escenarios académicos, pero cuando empezamos a revisar sentencias de los diferentes tribunales, nos encontramos con la fría realidad, su pensión sin importar de cuantos salarios mínimos es, porque todas van muriendo a medida que se envejece, lo único seguro que sabemos es que no será menor a un salario mínimo. Entonces, cuando usted ya después de muchos años, una tarde veraniega, se encuentra conversando con los recuerdos, le llega una notificación, donde su pensión ha sido demanda, quizás una resolución donde se la quitan, o se la disminuyen, y así se altera su salud mental y física y abordan las preguntas… ¿Por qué después de 20 años o más me quitan el único patrimonio que tengo para soportar este flagelo imparable que se llama vejez?
No encontrará respuesta, usted no es un jurista, nunca se preocupó por estudiar el tema pensional, solo se preocupaba cada fin de mes por recibir su humilde mesada, la cual construyó durante muchos años con sus aportes, con la esperanza de tener un ahorro para ese momento donde usted no tendrá un trabajo, ni un soporte que le permita envejecer con felicidad.
La Justicia Colombiana se ha convertido en el verdugo implacable con los seres que ya no podemos defendernos. Los operadores de la justicia, permiten que sustanciadores elaboren sentencias con lenguaje jurídico elocuente y “descrestador” para los ignorantes del derecho.
Los magistrados, en una gran mayoría, solo firman electrónicamente y no les importa la suerte de ese ser humilde, pobre y enfermo que debe leer con lágrimas en sus ojos esa sentencia con la palabra favorita: “revocase” el acto administrativo que le otorgo su pensión.
Un ejemplo de esto es la triste historia de la poetisa manizaleña Maruja Vieira, quien cuando tenía 99 años recibió la resolución donde le quitaban el 50% de su humilde pensión.
Ahora la historia se ha vuelto a repetir, a la Señora Gloria Pachón de Galán le enviaron en papel de navidad un regalo del Consejo de Estado donde le señalaban que su pensión se REVOCABA, treinta y cinco años después de haberla adquirido como superviviente de ese héroe de la patria, LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, asesinado en la plaza de Soacha una fría noche del 18 agosto de 1989, cuando trataba de llegar a la Presidencia de la República, para sacar a Colombia de la hecatombe en la que el narcotráfico nos había sumido.
A la Señora Gloría se la quitaron cercenando su mínimo vital, las razones son de interpretación jurídica. Lo hacen porque es un hecho mediático y porque Luis Carlos Galán está muerto, si estuviera vivo estaría gozando de su pensión de presidente y ningún magistrado se la estaría cuestionando. Afortunadamente esta ilustre matrona tiene sus hijos, a los que con esa pensión logró educar y que ahora le ayudarán a soportar los desasosiegos que esa bofetada de la justicia le propinó después de treinta cinco años. Esta digna mujer va a cumplir 91 años el próximo 22 de junio, y la pregunta es… ¿Vale la pena arrebatarle la pensión en los últimos años de su vida?, ¿Ahorrará el estado lo suficiente para pagarle a los abogados y empleados de la rama judicial los costos de este largo y mediático proceso?
Pero el perjuicio no solo es económico, también lesiona su honra, porque los malquerientes de la familia Galán, utilizarán el hecho para señalar que era una pensión fraudulenta, cosa totalmente falsa, y si así fuera… ¿Qué sanción tienen los empleados que la concedieron? Esas son las injusticias de la Justicia Colombiana, la sanción es para quien no cometió el error, y en este caso mediático, no hubo delito alguno, esa pensión, más que merecida, fue legalmente obtenida y mediante el famoso derecho vigente para la época. Ahora después de 35 años se la despojan, ¡aplausos para esta eficiente justicia!
La Reforma Pensional, Ley 2381 de 2024, en su artículo 86, prohíbe demandar pensiones después de cinco años de producirse el acto administrativo, con esta Legislación muchas personas han salvado su pensión, pero como está suspendida, algunos operadores judiciales aprovechan el momento para quitarlas injustamente.
Ahora, con ponencia del gran Senador nortesantandereano Dr. Alejandro Carlos Chacón, se está tramitando en el Congreso de la República la Ley “Maruja Vieira” la cual tiene como finalidad cerrar la posibilidad de que estos atropellos mediáticos le sirvan a los periódicos para sus grandes titulares. LAS INJUSTICIAS DE LA JUSTICIA COLOMBIANA, no pueden seguir galopando sobre el lomo de los adultos mayores. Gracias a esos Magistrados que aplican la CONVENCIONALIDAD Y LA LEY para garantizar una justicia preferente con las personas mayores.
Futuro Senador Juan Sebastián Gómez González, usted tiene la palabra, reciba las banderas de la defensa de las personas mayores que lamentablemente no seguirán en manos de nuestro actual defensor, el Senador GUIDO ECHEVERRY PIEDRAHITA.
