Seis compromisos que esperamos de nuestro Presidente Dr. Abelardo de la Espriella.
Las personas mayores de Colombia aspiramos a que el Gobierno Nacional asuma públicamente los siguientes compromisos:
1. Hacer de las personas mayores una prioridad nacional.
Incorporar en todas las políticas públicas el enfoque de protección integral de las personas mayores, garantizando el cumplimiento efectivo de la Ley 2055 de 2020 y de la Convención Interamericana sobre Protección de los derechos humanos de las Personas Mayores.
2. Garantizar la seguridad jurídica de las pensiones.
Impulsar las reformas necesarias para que las pensiones reconocidas legalmente no puedan ser objeto de demandas indefinidas, brindando tranquilidad y estabilidad a quienes construyeron su derecho durante toda una vida de trabajo.
3. Combatir el abandono, la pobreza y el abandono en la vejez.
Fortalecer el Pilar solidario, ampliar la cobertura de los programas sociales y garantizar que ningún colombiano viva en condiciones de indigencia, dentro o fuera del país cuando se encuentre en situación de especial vulnerabilidad.
4. Proteger el poder adquisitivo de las pensiones.
Evitar que las pensiones sean utilizadas como fuente permanente de nuevos impuestos y promover mecanismos que permitan preservar su capacidad adquisitiva frente al aumento del costo de vida.
5. Dar voz y representación a las personas mayores.
Crear un Consejo Nacional Consultivo de Personas Mayores, integrado por representantes de las organizaciones de pensionados, académicos y expertos en envejecimiento, para que este sector participe en la construcción de las políticas que lo afectan.
Porque una sociedad que respeta a sus personas mayores honra su historia, fortalece su presente y construye un futuro con mayor justicia para todos.
6. “Reglamentar integralmente la Ley 2055 de 2020 dentro de los primeros cien días de gobierno”.
Este compromiso es concreto, medible y de gran trascendencia. La Ley 2055 de 2020 ya existe; lo que hace falta es convertir sus principios en políticas públicas, protocolos de atención, mecanismos de protección y obligaciones para todas las entidades del Estado. Una reglamentación integral permitiría que los derechos allí reconocidos dejen de ser un saludo a la bandera y se traduzcan en beneficios reales para millones de personas mayores.
Este podría ser el compromiso más importante de todos, porque serviría como eje para desarrollar los temas: seguridad jurídica, protección social, participación, salud, acceso a la justicia y una vejez digna.
Antonio Cano García
Economista
Defensor de las Personas Mayores
