Acabo de asistir en Cine Colombia a la extraña película francesa pero con tema mejicano, nominada al Óscar el próximo marzo como la mejor cinta, Emilia Pérez, escrita y dirigida por Jacques Audiard, en la que la música desempeña un papel peculiar. Música compuesta, según los créditos, por «Camille», Clément Ducol (?), quien introduce unos diálogos cantados, que son como discursos políticos, original expediente cinematográfico.
Al regresar a mi apartamento comencé mi rutinaria lectura de algunos periódicos y me encontré con que columnistas y tituladores coincidían en la frase «El país, de tumbo en tumbo», con referencia especial a la situación del Catatumbo colombiano.
Y me dije para mis adentros: que bien resonaría «De tumbo en tumbo, Catatumbo», si a algún músico le diera por inspirarse en la tragedia que sucede en éstos momentos en la región colombiana, ocasionada por el desplazamiento de más de cuarenta mil campesinos, a causa de un enfrentamiento sangriento entre dos grupos subversivos, el mal llamado Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ante la impotencia del gobierno de turno, para intervenir en el inédito acontecimiento, que es como de película. De película real muy parecida, en las circunstancias narradas y en la música, a Emilia Pérez. Quien logre montar una opereta trágica, como ésta, a la colombiana, se tapa de premios y de dólares.
Iba a seguir divagando sobre cine, música, Falcao, la casa de los famosos, pero encontré en los periódicos del fin de semana, con que al fin se expidió el Decreto 62 de enero 24 de 2025, con la firma del Presidente de la República y todos sus ministros, fundamentado en forma debida, que declara la conmoción interior en la región del Catatumbo y que tiende a solucionar la tragedia humanitaria allí escenificada. De bulto, más importante y excluyente que cualquier otro tema. Entonces , al canto, de inmediato, dejenme decirles lo siguiente.
Con este Decreto se van a seguir los trámites ordenados en la Constitución que en resumen son su sometimiento a debate político por parte del Congreso, el próximo martes 28 de enero y de análisis y decisión jurídica institucional de su origen y sus efectos, por parte de la Corte Constitucioinal. Pero por Dios. Dejemos jugar a Petro. No hay lugar a posiciones obcecadas, fundamentalistas, sectarias, descalificadoras, cuando están en juego la solución para gentes, prójimos de carne y hueso, sometidos a lo que bien describe Juan Lozano en su columna de El Tiempo: «Las imágenes producen escalofrío. Los testimonios nos llevan a las lágrimas. Niños, ancianos, mujeres embarazadas, personas que en medio de la plomera cruel han perdido a sus seres queridos en un éxodo masivo y desesperado huyendo de sus tierras para salvar sus vidas en medio de la violenta escalada del ELN contra las disidencias de las Farc por el control de las actividades criminales y el narcotráfico».
La descripción de Lozano se queda corta. La justificación para enfrentar esta agresiva realidad, está patente. No es que se trate de que la justicia «ayude» a salir avante, si es que se quiere atender al equivocado «ruego» presidencial. La institucionalidad tiene que funcionar y los ciudadanos debemos acatar acatar sus veredictos. Si los jueces dictaminan exageradas o falsas motivaciones para buscar soluciones a lo de Catatumbo, pues a volver a montar. Nada de pánico. Esas son las reglas que pactamos como sociedad.
De otra parte, el martes irá el debate en el Congreso en pleno para el control político del decreto y sus consecuencias, reiteramos. En éste trámite hay que recordarle a los honorables parlamentarios, que no olviden que antes que un asunto político, es un asunto humanitario el que está en juego. Objeten, discutan, opónganse con razones, pero calmen su sed de retaliaciones y reclamos insustanciales y tengan en cuenta que ante el sufrimiento y la desolación de un niño, de un anciano, de un desplazado, priman la solidaridad y la unión decidida ante propósitos comunes.
Dejemos jugar a Petro ahora. Por estos noventa, ciento ochenta o doscientos setenta días. No lo sabemos. Lo que si sabemos es que hay urgencia de soluciones y de que el gobierno, el Estado, ponga con efectivos mecanismos coto a la situación inveterada, que con las Fuerzas Armadas reconozca los errores protuberantes a su tratamiento – la inteligencia militar ha fallado estruendosamente- y no se incurra de nuevo en ellos para que no se retraten situaciones como las del Catatumbo en regiones que hoy tienen alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo. ¿O será que nos habituaremos a que guerra avisada sí mata soldado? Sería lo único que nos faltara…
