Reseña: La bandera de la convivencia debería estar siempre enarbolada, pero la turbulencia de la codicia no la ha dejado blandir durante largos periodos de nuestra vida republicana. El ilustre abogado Nicolas Esguerra convocó a lucir esa bandera por encima de las partidistas, ante la inminencia de la guerra de los mil días, al final del siglo XIX. Puso entonces a consideración de los enfrentados la idea de adoptar un órgano ejecutivo del poder público de carácter plural, a la manera de usanza en Suiza, un país modelo de armonía. Aunque después han prosperado gobiernos de coalición y los consensos han sido llevados a la Constitución Política, se ha mantenido incólume la institución de una presidencia unipersonal con grandes poderes, tantos que, rememoran a los odiados reyes.
La constitución del 91 es un ejemplo de acuerdo, pero después de más de treinta se han quedado escritos los avances consagrados especto a la participación ciudadana, la autonomía, territorial y el pluralismo jurídico. Es más, son tantas las modificaciones introducidas posteriormente en el congreso que ya no se refleja en la realidad inicial. (Una carta escrita antes de la existencia de la red de internet, los teléfonos celulares y de la Inteligencia Artificial, debe ser mirada con ojo crítico). El del lado izquierdo con el que esta tendencia formulaba sus críticas a los asuntos públicos, y el otro ojo el de la oposición que en esos tiempos desestimó esos reclamos. Es ahora oportuno volver a izar la bandera de la convivencia, para tramitar las diferencias e intereses contradictorios.
Corría el año de 1898, las heridas de la batalla de Enciso permanecían sin restañar y ya se anunciaba el huracán de la guerra de los mil días. En ese ámbito bélico, el presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia se empinó blandiendo la bandera de la convivencia. Nicolás Esguerra, comprometió a la Corporación en ese objetivo específico y pronunció la primera, de una serie de conferencias a cargo de otros académicos en función del mismo propósito. Cien años después, Jorge Vélez García, a la sazón presidente, recordó la propuesta de su primer antecesor, y la anotó en el ‘Libro del Centenario’ de la Academia:
“El doctor Nicolás Esguerra, en un momento en que el egoísmo sectario pretendía hacer del poder un botín partidista para el goce exclusivo de la capilla triunfante, en su admirable ensayo sobre la conveniencia de un ejecutivo plural, abierto a la representación de las diversas tendencias políticas, se erige en adalid de las minorías y, en líneas generales, esboza lo que hoy llamaríamos un esquema de democracia participativa integral”[1].
| en el Acta Federal de 1811 “se consagró por primera vez, con gran previsión, el principio del gobierno ejecutivo plural |
En efecto, Esguerra apeló a la propuesta de otro colombiano ilustre, el jurista Rafael Rocha Gutiérrez, para insistir en la conveniencia de que el órgano ejecutivo del poder público fuese ejercido, simultáneamente, por los grandes partidos y por sus diversos voceros. Recuerda, además, que en el Acta Federal de 1811 “se consagró por primera vez, con gran previsión, el principio del gobierno ejecutivo plural, seguramente porque…los liberales de aquella época, que amaban de veras la república…no querían que quedara vigente el monarca con otro nombre o disfraz. En esa acta se atribuía a una comisión del Congreso el ejercicio del poder ejecutivo”[2].
Rocha Gutiérrez escribió y publicó su libro en París en 1885 y afirmó en él, que los efectos de los gobiernos exclusivos de partido son perniciosos: bajo el régimen unitario la concentración del poder produce despotismo y bajo el régimen federal la división de la autoridad produce anarquía. A su juicio, esos son los efectos de la oligarquía de partido y del poder unipersonal incrustados en esas dos formas de gobierno. Para él la república no puede ser el gobierno de un partido, ni el de una facción, ni el de un hombre. En tiempos en los cuales todo el continente quería mirarse en el espejo de los Estados Unidos, Rocha proclama que la luz orientadora no está en Norteamérica sino en Suiza, “civilizada y liberal república que resplandece como un faro brillantísimo en medio de la Europa monárquica”[3].
Aquella fue una propuesta original para su tiempo, polémica para cualquier tiempo, novedosa para los tiempos que corren, incluso útil para tiempos impíos y tormentosos. Merece ser estudiada y debatida seriamente en medio de una polarización como esta, cuyos contornos son universales. A pesar de las críticas de su partido e incluso de la hostilidad de sus amigos, el propósito de Esguerra dio frutos con el nacimiento de la Unión Republicana. Una de las obras insignias de nuestra Academia, la “Historia Constitucional de Colombia”, incluye un ensayo del académico Juan Carlos Esguerra Portocarrero ilustre nieto de su ilustre abuelo, en el cual formula reflexiones como las siguientes:
“…la de 1910 fue una reforma de muy honda significación, tanto por lo que representó para Colombia, en punto a la legitimidad y al sentimiento constitucionales, como por el de las instituciones y las innovaciones conceptuales que le sumó a nuestro constructo constitucional…esa reforma fue el broche de oro doble que, por una parte, completó el proceso de retorno a la senda democrática tras cinco años de dictadura, y por la otra formalizó el entendimiento que parecía imposible entre liberales y conservadores…En ambos sentidos la reforma resultó ser, adicionalmente, un verdadero y muy saludable tratado de paz”[4].
La Unión Republicana fue el primer gran acuerdo nacional de nuestra vida independiente, y la primera mirada que, desde la democracia mayoritaria, se hizo hacia una democracia de consenso. No se aclimató bien el Republicanismo, ni llegó hasta al punto de aprobar una presidencia de la república integrada, simultáneamente, por varias personas de tendencias opuestas, pero sembró una paz política que sobrevivió a sucesivos gobiernos de la hegemonía conservadora y de la república liberal. Las razones del colapso de aquella paz están poco analizadas por los especialistas, pero algunas de ellas, se relacionaron con el mismo proceso de modernización del país que se acostumbró a importar, sin beneficio de inventario, todo lo que percibía novedoso: máquinas, tecnología, instituciones. Alberto Lleras lo anotó en un artículo de prensa titulado “civilizaciones de importación”. Allí sostiene que los avances del mundo desarrollado pueden convertirse en tropiezos para países como los nuestros y, a veces, en una tortura si no se prepara previamente a la sociedad para lo que pueda significar esa nueva etapa de su existencia[5]. Seguimos cometiendo ese mismo error en el siglo xxi.
| cuando el narcotráfico contaminó a casi todo el cuerpo social del país. Fueron necesarios dos acuerdos nacionales: El plebiscito de 1957 y el proceso constituyente de 1991. |
En aquel marco, el suceso político obró más a favor de las pugnas que del entendimiento. Su contingencia desató una lógica de confrontación que revivió el talante de las guerras civiles para transformarlo en violencia partidista, y luego en violencias múltiples, cuando el narcotráfico contaminó a casi todo el cuerpo social del país. Fueron necesarios dos acuerdos nacionales: El plebiscito de 1957 y el proceso constituyente de 1991. Este último, empujado por la juventud estudiantil y adoptado en desarrollo de una auténtica democracia de consenso, ha sido un bálsamo para las desventuras políticas que trajo consigo la presente centuria. En efecto, voceros del viejo país político han desdibujado el espíritu de la Constitución del 91 por la vía de las contrarreformas a su texto, y a través de leyes que desarrollan restrictivamente las normas reformistas de la Carta. Incluso sembraron desdén frente a las principales innovaciones de la Constitución, las cuales se nos están quedando escritas. Me refiero a la participación ciudadana, a la autonomía territorial y al pluralismo jurídico.
Con infinito respeto, me permito disentir de quienes suscriben la tesis según la cual la Constitución es necesariamente un cuerpo normativo rígido, como lo afirman respetables juristas influenciados por el positivismo. El Constituyente del 91 quiso, sin duda, superar la rigidez de la Carta Política anterior, prisionera durante décadas de su artículo 218. Después de la reforma de 1968 resultó imposible modificar la Constitución, porque cada propuesta naufragaba en el seno del Congreso o, vía demandas, en el de la Corte Suprema de Justicia. Ningún país aguanta semejante bloqueo institucional. Por eso se abrió paso, en forma legítima pero extrajurídica, la Asamblea Nacional Constituyente; y por lo mismo, no pocos juristas de hoy sostienen que la mejor manera de conservar una buena Constitución es a través de sus oportunas reformas.
Pero en esa línea es preciso concertar acuerdos, hacer uso del diálogo, convocar sin exclusiones. Si la conversación no es inclusiva su resultado es inane; y si el supuesto acuerdo no convoca para concertar sino para excluir y/o enfrentar a otro, a otros, o a ‘los otros’ como algunos políticos pretenden que se haga en Colombia, mirando a las elecciones del 2026, no se está llamando al acuerdo sino a la confrontación. Esa es la malhadada enseñanza que nos están dejando los populismos, con su terca postura de dividir por dos, como en la guerra fría, lo que tiene múltiples componentes. Este gobierno no se acuerda de los reclamos que formulaba cuando era oposición; y esta oposición no se acuerda
| Colombia, mirando a las elecciones del 2026, no se está llamando al acuerdo sino a la confrontación. Esa es la malhadada enseñanza que nos están dejando los populismos, con su terca postura de dividir por dos, como en la guerra fría, lo que tiene múltiples componentes. |
de los reclamos que rechazaba cuando era gobierno. Es hondo el daño que le han hecho a la región entera los populismos de todos los signos, que se instalaron en medio del Estado de derecho, siendo sus enemigos encubiertos. Ahí están Trump y Maduro y Milei y Ortega y Bukele…
La pluralidad de la sociedad colombiana es de tal naturaleza que no puede reducirse simplemente a dos sectores banderizos. Así lo demostró el proceso constituyente del 91, respaldado por todas las tendencias del país nacional. Lamentablemente, el país político recapturó la actividad pública y esa es una de nuestras tragedias. Es preciso recuperar el espíritu republicano y no descuidar el ejercicio de la vocación civil de los colombianos, que tanto ha servido para consolidar y defender nuestras instituciones. Mauricio Cárdenas escribió recientemente que tenemos más país que gobierno; también, agrego yo, tenemos más país que oposición. “Colombia necesita construir una democracia de consenso, no para que asordine el debate público sino para que lo estimule, pensando en la cimentación de acuerdos sobre mínimos y no en la anarquía que producen los enfrentamientos pugnaces”[6].
Señor presidente: La Academia ha sido protagonista del pensamiento jurídico colombiano a lo largo de sus 130 años de vida, como muy pocas instituciones han logrado serlo. En su seno tienen asiento, con mi única excepción, los mejores juristas de Colombia. Su empecinada defensa del Estado social de derecho, de la economía social de mercado, del equilibrio entre los principios liberales, los principios solidarios y los principios democráticos, han hecho de la Academia un gran ejemplo de idoneidad intelectual, de responsabilidad jurídica, de unidad en la diferencia. El derecho es una filosofía, es la expresión de un pensamiento y de una cultura; pero también una práctica social sujeta a principios y valores, que debe mirar a su entorno, pero también al horizonte.
| “la democracia se maneja a partir de disensos, pero la gobernanza se gestiona en función de construir consensos” |
Hace dos años, con la firma de casi un centenar de sus miembros, la Academia produjo una declaración en la cual expresa que “la democracia se maneja a partir de disensos, pero la gobernanza se gestiona en función de construir consensos. Una sociedad plural necesita tramitar sus diferencias a base de una relación civilizada, porque en su seno existen y se mueven intereses diversos, incluso contradictorios, pero en todo caso, legítimos”. En el mundo de hoy la realidad no es blanca y negra sino multicolor. Ahora, con motivo del aniversario n° 130, la Comisión de la Mesa programa un Foro sobre Procesos Constituyentes. Se reflexionará sobre el tema, en el entendido de que el disenso y la oposición solo son útiles si están construidos sobre acuerdos que establezcan un campo común en el ejercicio de la política y en la toma decisiones.
Procuraré seguir proclamando la importancia del consenso para garantizar la gobernanza, pero también para construir cultura democrática e inducir el propósito de hacer fluida la relación entre el derecho y la política que haga sentir bien al ciudadano navegando entre el derecho y la política de manera que haya menos agresividad y más tolerancia. No solo vale la pena insistir en la democracia de consenso como cultura, como ética y como teleología, sino como un propósito que no puede quedar en el ámbito del voluntarismo. Por eso recurro a la tesis de Rafael Rocha que Nicolás Esguerra rescató del olvido. La recordó Fabio Lozano Torrijos a comienzos del siglo xx, en el periódico ‘El Liberal’ dirigido por Rafael Uribe Uribe. Fue presentada por Ricardo Uribe Escobar, en 1957, a la Comisión Paritaria de Reajuste Institucional y allí respaldada por Emilio Robledo Uribe. En los años setenta fue ampliamente comentada por el jurista Gerardo Molina en su libro sobre las ideas liberales. Ojalá tuviera espacio para debatirla con amplitud, ahora y aquí, es decir, en el foro de septiembre. Podría ayudarnos mucho a abrir una puerta de ingreso hacia la democracia de consenso en Colombia.
| ¡Acuérdate romano, que tu misión es imponer la costumbre de la paz!”. |
Recordando a un académico ilustre, quizás para algunos el más ilustre de todos, cultor del derecho en las horas de bonanza, defensor de su fuerza moral en las horas de peligro, y adalid de la concordia social en medio de las amenazas que pusieron en riesgo su vida. Hacia la mitad del siglo xx, con la autoridad que le daba la doble condición de conciencia jurídica y de conciencia moral de su país, el maestro Darío Echandía apeló a los tiempos en que se confundían la historia y la leyenda, para expresar, en hermosas palabras, una auténtica sentencia de jurisprudente:
“En el cenit de la cultura romana, Virgilio, el poeta de occidente, cantó en versos inmortales los trabajos y las glorias de Eneas. Después de descuajar con mano audaz, en el tenebroso bosque del Averno, el gajo de oro que había de franquearle la entrada al reino de las sombras, el guerrero troyano oye de su padre Anquises aquellas palabras que han vencido los siglos y llegan hoy hasta nuestros oídos, como suprema admonición:
*Tomado de la intervención
ante la Academia de Jurisprudencia (agosto 1 de 2024, al aceptar la membresía
honoraria)
[1] Vélez García, Jorge. “Pensamiento Jurídico Colombiano, libro del Centenario”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Jorge Vélez García, Álvaro Tafur Galvis, Rafael Forero Rodríguez Editores, Bogotá 1966, p. 11.
[2] Esguerra, Nicolás. “Coexistencia de los de los dos grandes partidos en el gobierno”, conferencia pronunciada por el autor el 26 de febrero de 1898, recogida en “Pensamiento Jurídico Colombiano, libro del Centenario”, op.cit. p.25.
[3] Rocha Gutiérrez, Rafael. “La verdadera y la falsa democracia”, Biblioteca Banco Popular volumen 68, Bogotá 1974, p. 133
[4] Esguerra Portocarrero, Juan Carlos. “La reforma constitucional de 1910” en “Historia Constitucional de Colombia”, Augusto Trujillo Muñoz, Carlos Mario Molina Betancur, Luis Javier Moreno Ortiz Editores Académicos, Tirant lo blanch y Academia Colombiana de Jurisprudencia, Bogotá 2021, pp.471 y 472.
[5] Lleras, Alberto. “Obras Selectas”, Federación Nacional de cafeteros y Flota Mercante Grancolombiana, Tomo III, Bogotá 1987, p. 315
[6] Trujillo Muñoz, Augusto. “Democracia de consenso” en Revista de la Universidad Nacional de Colombia, director Álvaro Tirado Mejía, quinta época, edición n° 04 volumen n. 2, Bogotá abril 2023, p. 70.
