La Contraloría General de la República lanzó una dura advertencia sobre la eficiencia del gasto público en los esquemas de protección implementados por el Estado para líderes sociales, comunidades en riesgo y defensores de derechos humanos, por medio de un informe en el que revisó cómo se están asignando los recursos para este tema y las falencias que persisten, pese al paso de los años.
Se trata del estudio “Análisis de la Implementación de la Ruta de Protección a Grupos y Comunidades en Riesgo”, en el que el organismo de control reveló que entre 2019 y 2023 se destinaron $1,29 billones a este propósito, pero sólo el 18% de las solicitudes colectivas fueron atendidas efectivamente.Otras noticias: Casa de Nariño evalúa renuncia de Ricardo Roa a la presidencia de EcopetrolDel total de recursos ejecutados, $1,2 billones se concentraron en medidas individuales, mientras que apenas $90.315 millones se invirtieron en esquemas colectivos y genera un desbalance que es señalado como uno de los principales factores que limitan el impacto real de las políticas públicas de protección, pese a su alto costo fiscal.“Durante el período del estudio, se radicaron más de 1.300 solicitudes de protección colectiva. Sin embargo, únicamente 234 han sido atendidas. El resto, o no cumplió con los requisitos, o sigue a la espera de una evaluación de riesgo que, en promedio, tarda 203 días”, señala el informe de la Contraloría.
Líderes socialesEsneyder Gutiérrez
Impacto limitadoEl documento detalla que el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de ejecutar estas medidas, pasó de $1,3 billones en 2019 a $2,6 billones en 2024, acumulando un total de $6,3 billones en cinco años, pero advierte que esta expansión presupuestal no se tradujo en un fortalecimiento estructural del sistema de protección.Solo en 2022, la UNP ejecutó $1,8 billones. De ese monto, el 77,7% ($1,44 billones) se destinó a bienes y servicios como escoltas, vehículos, chalecos antibalas, combustibles y equipos de comunicación, un 10,2% ($162.838 millones) fue usado en convenios interinstitucionales de seguridad para funcionarios públicos, y el 6,5% ($103.211 millones) cubrió gastos de personal.Puede interesarle: Gobierno expide decreto para elevar tarifas de retención en la fuenteLas transferencias corrientes, como auxilios de transporte, reubicación y blindaje de inmuebles, representaron un 4,3% ($68.358 millones), mientras que apenas el 0,4% del total ($6.998 millones) se dirigió a proyectos de inversión institucional, como la modernización administrativa o la mejora en la gestión documental.Por otra parte, uno de los puntos más críticos del análisis es el uso mayoritario de recursos para medidas individuales, a pesar de que las colectivas tienen un potencial de impacto más amplio y son más costo-eficientes y dicen que “la baja inversión en esquemas colectivos limita el alcance real de la política de protección, y deja desatendidas a comunidades enteras que enfrentan amenazas sistemáticas”.
La Contraloría General de la RepúblicaMilton Díaz – El TiempoAdemás, la Contraloría señala que la falta de articulación interinstitucional, la escasa accesibilidad a zonas de difícil acceso y la carencia de enfoques diferenciales son obstáculos estructurales que impiden una respuesta oportuna y efectiva. Así mismo, líderes sociales entrevistados por la entidad manifestaron su frustración con la respuesta estatal, ya que en algunos casos “nos dan un chaleco, pero no detienen a quienes nos amenazan”, afirmó un representante indígena del Cauca, cuya identidad fue protegida.
Violencia sin contenciónEl diagnóstico se agrava con las cifras proporcionadas por la Defensoría del Pueblo, que revelan que entre 2019 y 2024 fueron asesinados 1.068 líderes sociales, con un pico de 215 homicidios en 2022. Las víctimas incluyen líderes comunales, indígenas, comunitarios, agrarios, afrodescendientes, sindicales y defensores de derechos humanos.Lea también: Baloto ‘redobla’ su apuesta: tendrá un tercer sorteo a la semana en ColombiaSegún la Contraloría, los departamentos más afectados por la violencia —como Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Putumayo y Bogotá— también son los que concentran el mayor número de solicitudes de protección, pero paradójicamente presentan una mayor ausencia de seguridad integral y capacidad de respuesta estatal.Ante este panorama, la Contraloría General hizo un llamado urgente a las entidades responsables para que refuercen la articulación institucional, optimicen el uso de recursos públicos y reorienten el enfoque hacia esquemas colectivos,
Fuente: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/la-proteccion-a-lideres-sociales-consume-billones-pero-no-resuelve-los-riesgos-631467
