En un atinado artículo, titulado La libertad en América Latina: timbres de alarma, publicado por el diario El Tiempo, el 9 de abril de 2015, el escritor Plinio Apuleyo Mendoza se refiere entre otras cosas a lo dicho por el nobel de literatura Mario Vargas Llosa de que “en nuestros países el poder judicial se ha convertido en un instrumento de quienes gobiernan, que cambian, manipulan y teledirigen las sentencias a su capricho”.
Nada más cierto. Esto es lo que viene ocurriendo desde hace algunos años en Colombia. Sólo así se entiende que el gobierno haya postulado y movido sus fichas en el Senado para que eligieran al magistrado de marras Jorge Pretelt como magistrado de la Corte Constitucional, sin que tuviera la formación, la experiencia, ni la estatura moral para desempeñar tan alta dignidad.
Desafortunadamente tanto el Artículo 239 de la Constitución Política como el 44 de la Ley 270 de 1996, abrieron el boquete para que el Presidente pueda intervenir en la elección de los magistrados, al establecer que “los Magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado”. (El subrayado es mío).
Entonces nos preguntamos ¿por qué el Senado prefiere elegir el candidato del Presidente? Obviamente porque él es quien tiene la mermelada que endulza o facilita la elección (burocracia, cupos de endeudamiento, contratos, etc). Varios de los magistrados elegidos en los últimos años vienen de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Cuando si bien no están impedidos legalmente si lo están moralmente. Y si vamos más hondo y estudiamos sus sentencias vemos claramente un sesgo a favor del ejecutivo.
Esto se hizo más visible cuando Jorge Pretelt fue elegido por el Senado de la República como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Según el run run era el premio de consolación por la derrota en su postulación como Fiscal General de la Nación.
El magistrado Pretelt, no tenía calidades ni para ser Fiscal ni para ser Magistrado. A simple vista se puede observar en su hoja de vida que no es especialista, ni magister, ni doctor en derecho penal o constitucional y a pesar de ejercer la docencia en la universidad Sergio Arboleda no se destaca por investigaciones o escritos académicos de fondo. Su especialización en Defensa y Seguridad Nacional en la Escuela Superior de Guerra y su experiencia como magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral, Conjuez de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, le da un perfil para cargos diferentes a la alta calidad que requiere un magistrado de la Corte Constitucional. Menos aún cuando se conoció del cabildeo que realizó para su elección. Todo lo contrario a la postura y actuación de hombres como Carlos Gaviria Díaz, que cuando se enteró de su postulación a la magistratura, se abstuvo de intrigar ante ningún senador. El gran problema es que la elección de los magistrados no es una elección de méritos sino una elección política y como elección política responde a los intereses bien sean ideológicos o políticos de quienes los eligen.
“Fue así como desde su llegada a la Corte Constitucional, Pretelt se destacó por el número de insistencias que presentaba para que la Corte revisara tutelas de casos que no habían sido seleccionados, por no tener interés constitucional o porque no se referían a graves violaciones de los derechos humanos o el debido proceso. Claro está que en su lista de insistencias había varios casos de tribunales de arbitramento y fallos relacionados con los intereses de importantes empresas”. JUSTICIA. El tiempo 2015-03-03. Párrafo 7. Pretelt, el protagonista del peor escándalo de la Corte Constitucional.
Él, como buen camaleón, se fue mimetizando en la Corte y por qué no decirlo, comenzó a manipular a sus colegas y algunas decisiones. Una de ellas la Sentencia 258 de 2013. Son tantas las irregularidades que voy a tratar de enumerar sólo algunas: Conformó la sala con conjueces que estaban impedidos moral y legalmente (Manuel José Cepeda contratista de Colpensiones, Juan Carlos Henao miembro de la junta directiva de un Fondo de pensiones), dejó al margen de la elección a un magistrado a quien no dejó ingresar a la sala, la nulidad solicitada por el Procurador fue resuelta luego de más de 20 meses, engavetó la sentencia hasta que su padre que era senador murió y posteriormente la desengavetó para perjudicar con esta decisión a una media hermana. Dicen los rumores además que los ministros de Salud y de Hacienda hicieron lobby para la expedición de la sentencia y que el Gobierno le dio la consabida mermelada (cargos dentro y fuera del país).
Urge una profunda reforma a la justicia para que los colombianos no nos sintamos tan inermes ante la impunidad que según los expertos asciende en el país a un 93 por ciento. Más cuando este caso es solo la punta del iceberg de lo que ocurre en nuestros despachos judiciales.
