La “bomba pensional” es una falacia. Lo han repetido especialistas, empezando por los últimos directores de Colpensiones. Lo mismo afirman los entendidos en el Congreso, en la academia, en los sindicatos. Pero los medios de comunicación suelen privilegiar las opiniones contrarias. Claro, vienen de las alturas del poder económico: los ministros de Hacienda, los propietarios y administradores de los fondos privados. A menudo, unos y otros son las mismas personas, aunque a veces en cuerpo ajeno.
Según informaciones de prensa, el Gobierno prepara un proyecto de ley de reforma pensional, para presentar al Congreso en la presente legislatura. En días pasados el director del DNP produjo unas declaraciones que ni confirmaban, ni negaban la existencia del proyecto, en las cuales habló de los beneficios económicos periódicos (BEPS) en términos que hacen pensar en el populismo de Maduro. La confirmación corrió por cuenta del viceministro de Trabajo.
Al parecer el Gobierno tiene la idea de marchitar Colpensiones y ponerla a operar en el régimen de ahorro individual (RAI), tal como lo hacen los fondos privados. Eso no es un avance, sino un retroceso. Es más, es un despropósito. Va a contrapelo de la tendencia universal, no solo en América sino en Europa. Con algunos ajustes, por supuesto, pero numerosos países se están devolviendo de los RAI hacia el régimen de prima media (RPM).
La “bomba social”, en cambio, no es una falacia. Por el contrario, es un inminente peligro. En efecto, los fondos privados colombianos tienen gigantescas inversiones en el exterior, incluyendo países como Argentina, por ejemplo, cuya economía está tan amenazada hoy como lo estuvo en el pasado. Cualquier colapso financiero produciría un estallido con graves afectaciones para todos los aportantes al sistema de ahorro individual que los fondos privados operan. De hecho, tales ahorradores ya han corrido riesgos, originados en la inversión de recursos de los fondos en empresas asociadas a fracasadas obras de infraestructura. Esa es una auténtica “bomba social”.
En las alturas del poder económico hay una puerta giratoria muy eficiente. Unos salen del Ministerio de Hacienda para Fedesarrollo, y otros, de Fedesarrollo para el Ministerio o para el Banco de la República, o de cualquiera de las anteriores para el DNP o al revés. En todo caso, quienes cruzan dicha puerta se identifican en otra falacia: la necesidad de eliminar los subsidios a las pensiones. Por Dios, el Estado no subsidia las pensiones, simplemente paga una obligación que dejó de atender desde hace décadas.
Es apenas natural: el Estado se beneficia, vía impuestos, del trabajo de sus ciudadanos y, por eso, está obligado a concurrir, con ellos y con los empresarios, en la financiación del sistema. Así lo concibió el presidente Carlos Lleras Restrepo para garantizar su sostenibilidad en el futuro, la cual no tendría problema alguno si el Gobierno hubiera honrado sus obligaciones y se hubiera abstenido de inducir el traslado de los ahorradores a los fondos privados. El RPM gozaría de plena salud.
Según las mismas afirmaciones de prensa, la ministra de Trabajo —en gesto que también recuerda los populismos de Maduro— sostiene que en la actualidad hay tres millones de privilegiados que tienen pensión. ¿Acaso la pensión es un privilegio? No. Es un derecho que nace del ahorro acumulado del trabajador, que entra a formar parte de su patrimonio personal. Se nota que la ministra tiene más confusiones que claridades sobre el tema. Su afirmación es tan absurda como decir que en Colombia hay 16 privilegiados que se desempeñan como ministros.
Es preciso desmontar toda esta impostura que se construye desde las cúpulas de la economía y que, por cuenta de los medios, termina enquistándose en el imaginario colectivo. Y no sería difícil desmontarla si estuviéramos realmente en un Estado social de derecho.